Sobre enseñar y aprender filosofía

Sobre enseñar y aprender filosofía
Francisco Martínez Alas (Mayo, 2013)

Ya lo he dicho, lo digo siempre y lo repito: el conocimiento de mayor calidad y profundidad se aprende leyendo en fuentes también de calidad y realizando prácticas asociadas, por cuenta propia, y no en las aulas. En tal caso, la universidad no es el mejor lugar para aprender (aunque sus bibliotecas sí), y menos si lo que se quiere aprender es filosofía, historia, arte o literatura. La conversación que hace poco tuve con un amigo (futuro filósofo y teólogo) me ha motivado a escribir este ensayo improvisado sobre enseñar y aprender filosofía.

Yo me gradué de la carrera de pregrado en filosofía, pero, no puedo afirmar que allí estudié filosofía. Sin duda, en los cuarenta cursos completados durante la carrera –algunos de los cuales fueron muy mediocres, es preciso declararlo– aprendí muchas cosas, tanto filosóficas como de otras disciplinas. Pero, para aprender filosofía primero hay que vivir la vida con consciencia profunda de todos los actos de la existencia y de las relaciones y conexiones con el mundo; y también, es indispensable leer las obras de los filósofos, aunque sea parcialmente y en traducciones (y menos atiborrarse de ideas digeridas de manuales y comentarios a filósofos). También es importante, sin duda, estudiar, discutir y comentar a los filósofos como parte de la actividad académica de los cursos obligatorios para obtener una titulación; de hecho, es un hacer complementario al hacer fundamental que es la lectura de obras de filósofos y la escritura de textos filosóficos propios. El problema de estudiar filosofía en la universidad, es que la constante actividad evaluativa de la institución académica, esto es, tener que preparar trabajos y exámenes casi todas las semanas, le priva al estudiante del tiempo necesario para leer más durante los cinco años que tales estudios de pregrado duran. Si realmente uno tiene vocación filosófica, el verdadero aprendizaje y estudio de la filosofía comienzan después de la universidad, y tal empeño sigue a lo largo de toda la vida, con la lectura constante de toda clase de libros (es decir, tanto de filosofía como de otras ciencias).

Me hubiese gustado impartir clases desde o ser contratado por el departamento de filosofía de la universidad en la que estudié; pero, por circunstancias ajenas a mi conocimiento y voluntad, no me lo permitieron quienes allí tenían poder decisión y contratación; y talvez fue mejor así, porque ahora que lo reflexiono, con humildad franca, la universidad y su pregrado en filosofía no me proporcionaron la capacidad y competencia para ser un profesor de filosofía de un nivel confiable, respetable y autorizado; y el constante ajetreo de las tareas y evaluaciones tampoco me dio tiempo suficiente para lograr tal nivel en otras horas y espacios. Los conocimientos filosóficos más estables, sólidos y profundos que tengo son aquellos que ya tenía antes de llegar a la carrera de filosofía y que obtuve después, leyendo por mi cuenta, y a través de la escogitación de otras obras con contenido filosófico que consultar, estudiar y leer. Nunca dejaré de declarar, también, que a mí ninguna universidad me ha formado (y eso me enorgullece). Pero, pensándolo bien, fue mejor así, porque en realidad yo domino con suficiencia el pensamiento de muy pocos filósofos (es decir, conozco a fondo solo a aquellos que me gustan, y admito que a algunos otros no los he leído, porque no me gustan o no me interesan, aunque sean importantes). De todos los otros pensadores conozco sólo lo básico. En verdad, creo que prefiero enseñar las otras cosas que enseño, en áreas gerenciales y sociales, a intentar enseñar la filosofía de otros.

Entonces, si se me presentara la oportunidad o la obligación de ser docente en algún curso filosófico, ¿qué haría? Sin duda, lo que más me conviniese, en beneficio personal y también para beneficio de los estudiantes de la carrera (para mí, los estudiantes son la razón de ser de la universidad, y no el fomento del ego de los profesores). Eso significa que yo diseñaría, planearía y ejecutaría mi propia visión de lo que considero adecuado y práctico para la divulgación (pero no formación) académica de la filosofía en la universidad. Pero, no me gustaría impartir cualquier curso en cualquier área de las ciencias filosóficas. No, los cursos que escogería serían los metodológicos, es decir, aquellos que deben proporcionar(le) herramientas al estudiante de filosofía para que desarrolle habilidades de estudioso y creador de pensamiento filosófico. Eso significa que escogería impartir cursos de análisis y metodología filosófica, de lógica informal y argumentación, de interpretación y conocimiento, y otras semejantes; y también algunas de las filosofías aplicadas a una ciencia en particular, como las de filosofía del arte, la historia o de la política. Rehuiría, sin duda, las historias de la filosofía por periodos, debido a su ambigüedad y parquedad de contenido y método, que los convierte en una superficial y apresurada revisión de literatura vinculada con cada supuesto periodo de la historia filosófica, etiquetado así por tradición o didáctica (es decir, relativa al desenvolvimiento del pensamiento filosófico en algunos países, regiones y épocas).

Aquí aparece la inexcusable cuestión acerca de cuáles son o deben ser los contenidos apropiados y óptimos para un curso de filosofía o de historia de la filosofía. Con los cursos que yo llamo básicos, o herramientas de trabajo y creación, o de aplicación práctica a la vida y al mundo, de fundamentación y relación con las otras ciencias, pienso que lo más conveniente es una combinación balanceada de enseñanza de métodos particulares (con sus respectivos ejercicios de aplicación) y de lectura crítica de fragmentos significativos de textos originales, aunado con la recomendación de hacer lecturas de apoyo de comentarios escritos por especialistas. Por otro lado, la estructura típica de una clase acerca de la filosofía de un pensador particular, tendría que iniciar con los datos biográficos mínimos, luego una mención de sus obras más importantes, y después… He aquí la decisión más crucial, ya que de ella depende la calidad y profundidad de un curso sobre filosofía. Considero tarea muy difícil y compleja intentar resumir o sintetizar el pensamiento de un autor sin caer en lugares comunes. Entonces, ¿cuál es la mejor alternativa? Puedo afirmar que las siguientes son las más viables:
a) Analizar y comentar en detalle una sóla obra del autor en varias sesiones (talvez un poco sofocante, pero es práctico y honesto; promueve que el estudiante exprese sus opiniones personales con respecto a lo que se lee críticamente, sin ocuparse de si tales opiniones siguen o no las tendencias interpretativas usuales; y le queda al estudiante la tarea de buscar las otras obras y leerlas por su cuenta)
b) Analizar y comentar en detalle fragmentos varios de varias obras del autor (más entretenido, aunque puede resultar muy superficial si la contextualización no logra transmitir qué es lo que relaciona e integra tales fragmentos)
c) Presentar una visión integral y estructurada de todo el pensamiento del autor y su contexto (ello requiere que el docente haya elaborado por sí mismo tal esquema, luego de haber estudiado el pensamiento y las obras más relevantes de cada autor, y conocer también diversos comentarios al mismo; a manera de ejemplo, yo leí total o parcialmente una veintena de comentarios al pensamiento de Montaigne –además de su Diario y sus Ensayos– para elaborar un escrito universitario)

La alternativa ideal sería aquella en la cual el estudiante leyese dos o tres obras completas de cada autor incluido en el programa del curso durante un semestre; y que además, los temas y textos se comentasen y discutiesen en grupos de estudio (de los cuales surgieren reportes escritos individuales o colectivos); a ello habría que sumarle la lectura crítica de historias y comentarios –lo suficientemente contrastantes– a la obra y pensamiento del autor; talvez así se lograse que al cabo de tres a seis meses el estudiante conozca a fondo a cada autor –al menos un poco más allá de la superficie, capa a la cual la mayoría llegamos y nos conformamos cuando el estudio de la filosofía o de la literatura tiene que combinarse con otras actividades y responsabilidades. Pero, un estudio así, sistemático y profundo de cada filósofo o pensador, requeriría romper el esquema de los estudios universitarios basados en cursos independientes que se deben llevan a razón de cuatro o más por semestre o ciclo.

Menos difícil, en mi opinión, es intentar resumir en unas cuantas frases –para unos pocos minutos de clase–, las ideas clave de un movimiento o corriente de pensamiento. Ello porque enciclopedias y diccionarios de filosofía, manuales introductorios y comentarios clásicos, sitios web y otras fuentes de información ya las tienen esquematizadas, para todos los movimientos, tendencias y corrientes del pensamiento filosófico y de otras disciplinas relacionadas; y tanto el docente como el estudiante, solo tiene que capturarlas. Empero, este es un conocimiento muy superficial de cada uno de tales periodos; aunque eso sea lo más común, como materia de conversación, artículos de opinión y discusión, entre universitarios, profesores y gente culta, pero que no tienen ninguna pretensión de erudición.

Otro reto importante es investigar y diseñar los mecanismos e instrumentos para evaluar a los estudiantes, los cuales, en mi opinión –de nuevo–, deberían ser algo completamente distinto del tradicional examen, en el cual se espera que el estudiante “demuestre” su dominio del pensamiento de un autor y lo plasme en una docena de líneas manuscritas, y para colmo, escritas apresuradamente porque el tiempo apremia. No lo he pensado bien, pero, me parece que en lugar de exámenes y presentaciones exiguas ante la clase, la evaluación debería estar basada en discusiones grupales o en parejas, en escritos breves y concretos (no esos “comentarios” al pensamiento de un autor) o en esquemas conceptuales de fragmentos de obras filosóficas escritas por filósofos (el joven estudiante de filosofía tiene el resto de su vida para leer las obras más notables –o de su agrado– de los filósofos con quienes concuerda y se identifica; ya que es una inútil pérdida de tiempo vital ocuparse del estudio de filósofos y pensadores en los que no creemos ni a quienes apreciamos).

Ahora viene lo del aprender filosofía. Pienso que es el estudiante –al conducirse como un estudioso– quien aprende, no un docente, profesor o maestro quien le enseña. ¿Cómo se aprende filosofía? Tampoco quiero repetir la famosa disyuntiva de si “aprender filosofía” o “aprender a filosofar”. Sin duda es importante y necesario conocer las ideas de otros, no solo de filosofía, sino de cualquiera otra ciencia, para tener materia prima para pensar en la mente propia; de otra manera, solo brotarán lugares comunes y prejuicios, juicios imperfectos y otras reiteradas opiniones a favor o en contra de tal o cual autor o de tal o cual concepto de uso frecuente. Independientemente de lo que pretenda la universidad con su carrera de filosofía –si graduar profesores de filosofía, aficionados cultos a la filosofía, activistas devotos de una corriente, o filósofos de verdad–, quien quiere pasar de ser estudiante de filosofía a estudioso de las obras filosóficas de otros, y luego escalar hasta la escritura filosófica propia –¿y porqué no?, ¿acaso sólo los extranjeros y los doctores en filosofía pueden reflexionar sobre el mundo y la realidad y plasmar sus opiniones en sendos libros y ensayos? –, debe aprender a observar, pensar, expresarse, opinar, analizar, argumentar, ordenada, estructurada y críticamente. Pero, antes, tiene la obligación de leer abundantemente –en castellano y otras lenguas-–, muchas más cosas de las que los programas de estudio de la carrera de pregrado en filosofía incluyen. El primer paso para la independencia intelectual es aprender a identificar, buscar, encontrar y conocer las fuentes de información y conocimiento más apropiadas para los intereses y expectativas que uno tenga, en lo relativo a la escritura expresiva y reflexiva. Dicho de otra manera, para aprender filosofía y a filosofar es preciso despojarse de la sombra, la influencia, el dictado, la censura y la calificación de los profesores de filosofía.

De cómo se manifiesta la justicia en la sociedad

De cómo se manifiesta la justicia en la sociedad
Por Francisco Martínez Alas. (2011, versión revisada)

Este artículo está basado en una tarea académica de muchos años atrás (de la década de 1980s). Antes de publicarlo lo he revisado y he intentado corregir los errores e inexactitudes de la primera versión, sin manosearlo tanto como para que perdiese su aspecto y contenido original, pero procurando ampliarlo con mis puntos de vista actuales sobre los temas tratados.

Las circunstancias de la justicia
Está fuera del alcance de este breve ensayo, y de mis propias intenciones o capacidades, dar una definición exacta y completa de la justicia, por lo que me limitaré a trasladar algunas ideas de otros autores halladas en diversos libros y manuales. Empero, comenzaré por decir que en torno a la justicia existen tres circunstancias posibles: que la justicia esté presente o se haga efectiva; que se prive de la justicia o del acceso a la justicia a personas o grupos; y que se dé un acto de injusticia contra alguien.

Decimos que algo es justo cuando está de acuerdo o conforme a las leyes y  convenios de un estado de derecho, o a las tradiciones y costumbres de la nación o comunidad donde vivimos, en ambos casos vigentes y cuando no menoscaban la dignidad de las personas. Es justo aquello que se ha recibido y entregado conforme lo acordado o prometido entre partes y actores. Y también cuando, subjetivamente, lo hecho o acontecido se ajusta a nuestros deseos y expectativas. El adjetivo justo se le agrega como componente importante a diversos términos, lo cual les confiere otra calidad; es decir, que al adjuntarle el adjetivo justo a cierto concepto o actividad, se le asigna un valor que lo distingue de otros similares y lo caracteriza como promotor de un bien, así como otorga la percepción de que se está en y se hace lo correcto, como cuando se dice “comercio justo”, “decisión justa”, “acción justa”, “distribución justa” y muchas otras. De manera que algo es o se considera justo, cuando se satisfacen los requerimientos exigidos por las partes, cuando se resguarda la dignidad y derechos de las personas, cuando se protege y se fomenta algo que beneficia a la humanidad y al entorno natural, y cuando se le restituye el derecho, el bien o el beneficio merecido y acordado a alguien.

La segunda circunstancia es la de no justicia, es decir, la privación de justicia a la que una persona o un grupo de personas es merecedor o acreedor -que son dos cosas distintas aunque similares- es sometida en situaciones adversas. Se dice que alguien es merecedor de justicia porque así lo dicta la razón y la dignidad humanas, y no solo las leyes, como cuando alguien ha sido víctima de otros, se halla inmerso en problemáticas del entorno social, o ha sufrido un percance nefasto, y no sabe o no puede recurrir a las instancias correspondientes o superar la situación por sus propios medios. Por otro lado, se dice que alguien es acreedor de justicia cuando posee derechos legítimos y documentación que los pruebe, sobre un bien o una causa, por lo que puede o podría exigir que se aplique la ley.  Pero, en cualquiera de los dos casos, se les puede privar de la justicia sino se aplica la ley cuando y como debiera hacerse, o no se brinda ayuda y soporte al que lo merece, y no solo porque sus derechos hayan sido vulnerados.

Y por último, la injusticia, que consiste en el hecho de que un individuo, un colectivo, o un grupo de personas en el nombre de una organización, haciendo uso de su poder, o abusando de su autoridad, o yendo más allá de los límites de la razón, las leyes, la convivencia y la tolerancia, comete actos contra la dignidad y la libertad humanas, quebranta los derechos ajenos, e irrespeta o despoja la propiedad ajena. La injusticia se manifiesta en todas aquellas decisiones y actos que de manera arbitraria y abusiva, pero disfrazados de normas establecidas y aceptadas por un grupo que detenta el poder, afectan y destruyen la dignidad, la propiedad y la vida de las personas. Así, se elevan y expanden ciertas estructuras y procedimientos injustos que impiden o restringen el desenvolvimiento en libertad de la persona humana.

Y aunque la justicia es una sola, pero a lo largo de la historia se le ha dado diversos significados, ya sea que se considere una virtud o como un valor; asimismo, con la finalidad de entender cómo se manifiesta la justicia en el mundo real y social, se hacen distinciones tales como “justicia legal” o “justicia social”. Sobre ésto último es lo que trataré de esbozar conceptualmente al relacionar la noción de justicia con los tribunales, lo social, lo económico, lo constitucional y lo político.

La justicia en los tribunales
Uno de los momentos más importantes de un proceso judicial en donde mejor se manifiesta la justicia es en la otorgación de la sentencia (aunque ello no significa que en otras etapas del proceso no se esté manifestando aquella también). La sentencia se puede definir de manera general como la “resolución judicial que pone fin a un proceso o juicio en una instancia o en un recurso extraordinario” (Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, Diccionario de derecho, México, Porrúa,1984, p. 441). Pero la sentencia otorgada puede ser justa o injusta. Por ello nos dice Friedrich: “la sentencia de un juez, la justicia de su fallo, depende de que tenga cierta relación objetiva con la situación en que se dicta, para ser después más explícitamente especificada” (“Justicia, el acto político justo”, en Carl Joachim Friedrich y John W. Chapman, compiladores, La Justicia, México, Roble,1969, p. 43).

Cuándo y cómo una sentencia es justa es otro asunto sobre el cual es preciso decir algo, ya que los efectos de la misma recaen no solo en la persona sentenciada, sino también directamente en las víctimas (cuando las hay), y en el sistema de justicia y la percepción que la opinión pública tiene del mismo, y en última instancia, en toda la sociedad. En el derecho penal, se acepta que si una persona es acusada de algún delito, y su caso alcanza la etapa de ser llevado a juicio, y en todo momento se ha procedido conforme a las leyes y se ha seguido el debido proceso, entonces, se puede afirmar que se ha procedido conforme a la justicia. Ahora bien, el sentenciado puede resultar favorecido en tal proceso de diversas maneras: si es inocente de los cargos que se le imputan y se le deja en libertad; si es culpable y recibe una pena menor de la esperada o con alguna clase de beneficios; o si, siendo culpable, el tribunal no logra comprobar su culpabilidad conforme a la ley, y también se le deja libre; entonces, en todas esas situaciones se puede afirmar que la sentencia dictada fue justa, y conforme a las leyes. Pero, será totalmente injusto el hecho de que una persona resulte condenada por un delito que en realidad no cometió. Y será de algún modo injusto que la persona juzgada y sentenciada sea culpable de lo que se le acusa, pero basándose en hechos del caso que no ocurrieron tal como se han descrito y atestiguado; o de manera similar, si los delitos de los que se le acusa no fueron cometidos con la gravedad que se expresó. Y sin duda, el acusado, al resultar condenado a cumplir una pena de prisión, o a resarcir el daño mediante tareas de servicio comunitario, o pagar en dinero por los daños ocasionados, podría tener la percepción de que no se está siendo justo con él, porque esperaba librarse del castigo, no ser capturado o recibir una pena ínfima. Lo que el tribunal, mediante la voz del juez, decide en cada caso particular, sienta un precedente de cómo se aplica el derecho y se interpreta la ley, de cómo se realiza el proceso, y de cómo los actores del mismo deben ejecutar su labor, aunque al final no se haga justicia completa y restaurativa. Las víctimas pueden pensar que no se les hace justicia, aunque el acusado sea condenado y cumpla su pena, porque ellos no recuperarán los bienes perdidos, las heridas dejan cicatrices y los difuntos próximos y queridos no pueden retornar a la vida. Talvez sería justo y conveniente que la aplicación del derecho contemplase una compensación digna y significativa para las víctimas, de manera que ellas pudiesen recuperar o reiniciar sus vidas desde un momento y condición similar –pero jamás igual- al que se encontraban cuando se convirtieron en víctimas de otros.

Yo entiendo las instancias de justicia, como los pasos de que consta un proceso judicial, que pueden y deben ser vistos por entidades con distintos niveles de autoridad y alcance, tales como la estructura de tribunales y cortes existentes, de manera que cada instancia tiene la función de atender y resolver respecto de cada porción del proceso conforme a su competencia. Las instancias vienen a ser también las alternativas en cuanto a mediación y acuerdos que ofrecen las normas a medida que un proceso se desenvuelve, para alcanzar la ansiada sentencia justa para todas las partes involucradas en un litigio, y siempre apegada a los sistemas jurídicos. Y por ello y con el mismo fin, en ciertas ocasiones una instancia debe rectificar las decisiones de otra instancia.

La justicia social
La noción y alcance de lo que es la justicia social sin duda es algo demasiado amplio como para intentar resumirlo en un párrafo, sin embargo, citaré la definición que propone Torré (que podemos hallar más desarrollada en Torré, Introducción al derecho, Buenos Aires, Perrot, 1981, p. 231) quien dice que la justicia social puede verse: “como ideal de una más igualitaria distribución de la riqueza social, obtenida con el trabajo de todos”, aclarando que, en un sentido amplio, ello también abarca toda clase de derechos y no solo los económicos, y que lo igualitario no debe entenderse como una mera repartición cuantitativa de aquella riqueza común a la humanidad.

González Díaz dice que “toda justicia es social, pues es de la esencia de este valor la alteridad, es decir, que es un valor que adquiere significado no conmigo sino conmigo y los demás. Su término es siempre otra persona, ya que nadie se da a sí mismo su derecho. Es un valor social, es decir que supone coordina relaciones entre personas” (Francisco Xavier González Díaz, Introducción a los Problemas de Filosofía del Derecho (?), México, Ediciones Botas, 1956). La justicia social, añade más adelante, es que aquella que ordena todas las actividades sociales e individuales al bien común de la sociedad, a la prosperidad de todos y cada uno de sus miembros, al adelanto material del cuerpo social y al bienestar de la vida colectiva, cual conviene a la dignidad de la persona humana (Francisco Xavier González Díaz, Introducción a los Problemas de Filosofía del Derecho (?), México, Ediciones Botas, 1956, p. 266).

Lo anterior constituye un ideal muy loable, cuya realización práctica supone, para algunos, la instauración de una democracia social, de estados paternalistas o intervencionistas, y dicen –de acuerdo a Von Mises- que “el Estado debe intervenir, siempre y cuando ‘el libre juego de las fuerzas económicas’ pueda provocar efectos recusables desde un punto de vista social”, porque “creen que compete al gobierno dictaminar en cada caso cuáles cosas sean y cuáles no ‘socialmente deseables’” (Ludwig von Mises, La Acción Humana, Madrid, Unión Editorial, 1980, p. 1048). Pero, Von Mises nos recuerda con recelo que “nadie duda que, si hubiera mayor abundancia de bienes, todo el mundo estaría mejor. El problema, sin embargo, estriba en dilucidar si, para conseguir la tan deseada abundancia, existe algún método distinto del de acumular nuevos capitales” (Ludwig von Mises, op. cit., p. 1231).

La justicia social, vista en su aspecto económico, se relaciona directamente con la justicia económica, tema que ampliaré en otra parte del presente ensayo, por ello me detengo aquí, y en el apartado siguiente expongo otra dimensión de la justicia, la constitucional.

La justicia constitucional
En las democracias constitucionales y representativas están prescritas las libertades fundamentales, entre ellas, la libertad de la persona, la de conciencia y pensamiento, las libertades políticas, y de movimiento e igualdad de oportunidades y de trato, así como de protección de la privacidad y la seguridad propia; a todas ésas se les llama también libertades públicas o derechos civiles. La constitución es la base de la estructura política y social, por ello, esas libertades constitucionales se definen y establecen para todos, sin favoritismo, como iguales ante la ley, ni más ni menos.

Rawls, dice al respecto: “La constitución ha de ser un procedimiento justo, que satisfaga las exigencias de una libertad igual; y en segundo lugar, ha de ser estructurada de manera que todos los acuerdos factibles se conviertan en sistemas de legislación justos y eficaces. La justicia de la constitución ha de ser fijada bajo dos perspectivas, a la luz de lo que las circunstancias permiten, estableciendo estas delimitaciones desde el punto de vista del tratado constitucional”. Y luego agrega: “La justicia como imparcialidad comienza con la idea de que, si los principios generales son necesarios y ventajosos para todos, han de ser elaborados desde el punto de vista de una situación inicial de igualdad bien definida, donde cada persona esté justamente representada” (Rawls, Una Teoría de la Justicia, México, Fondo de Cultura Económica, 1979, p. 256). Esta noción de posición original es trasladada a la constitución en tanto que es el sistema de normas sociales gracias al cual se elaboran todas las otras normas.

La justicia política
Una acción es justa, dice Friedrich, cuando supone una valoración comparativa de las personas afectadas por ella, y cuando esa comparación concuerda con los valores y convicciones de la comunidad política (Friedrich, op. cit., p. 45). Además, dice Friedrich: “Un acto político es justo cuando se basa en una valoración equilibrada de las personas que afecta, comparándolas (y clasificándolas) en función de los valores de la comunidad política de referencia; esa cualidad alivia la tensión entre poder y autoridad, y contribuye a comprender mejor la legitimidad de los gobernantes y sus actos” (Friedrich, op. cit., p. 63).

El concepto de justicia política también puede entenderse como el empleo del procedimiento legal para fines políticos, en casos de protección al Estado, por homicidios o delitos comunes pero con beneficios políticos o actos de traición, o también, para la represión legal de organizaciones políticas (opositoras y minoritarias) que recurren a la violencia o a actos ilícitos para manifestarse y llamar la atención sobre su causa: “El objetivo de la justicia política es incrementar la esfera de la acción política, reclutando para tal fin los servicios de los tribunales en apoyo a las metas políticas, y se caracteriza por la sumisión al escrutinio de la corto de todo acto individual o colectivo” (Otto Kirchheimer, Justicia política: empleo del procedimiento legal para fines políticos, México, UTEHA, 1968, p. 460). Esa clase de justicia política se lleva a cabo por cuestiones de necesidad (de recurrir a la legalidad y a los tribunales), de elección (contra la oposición de principio, con una tendencia que va desde la tolerancia hasta la supresión), y por conveniencia (cuando el régimen desea ganar o estabilizar posiciones políticas); todo a nombre de la continua felicidad de la presente generación, bautizada como certidumbre y seguridad legal. Por ello agrega Kirchheimer: “La ironía de la justicia política está en que mientras su mandato permanezca por fuerza ambiguo y ligado al tiempo, sus practicantes deben insistir en su proceso y resultados, no solo formalmente correctos, sino necesarios, tanto para la autoridad como para la justicia, por los requisitos del orden constitucional” (Kirchheimer, op. cit., p. 471).

La justicia económica
Al derecho le toca reglamentar ciertas acciones sociales atendiendo a lo justo y lo injusto de las mismas y sus consecuencias. Si la producción y el reparto de bienes es el objeto de la economía, la constitución de la propiedad y la sanción de los contratos es el tema del derecho. El orden jurdico ejercer su acción virtual sobre la materia económica condicionando todos los actos que la modifican y la transforman, influyendo así en la ordenación de los fenómenos económicos (Carlos Otero Díaz, Una investigación sobre la influencia de la economía en el derecho, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1966, p. 15).

Las proposiciones que la ciencia económica formula, son teoremas a los cuales se atribuye una necesidad racional, son de índole matemática (aplicada) y elaborados con datos extraídos de la realidad. La ciencia económica tiene por objeto someter a cálculo los actos humanos para deducir consecuencias, así, la economía tiene una función utilitaria y pragmática (Carlos Otero Díaz, op. cit., p. 85).

Los fenómenos económicos tienen su origne en la escasez de medios para la satisfacción de las casi ilimitadas necesidades humanas. Las fuerzas económicas son dinámicas y expresión de lucha, las del derecho son instrumentos de cohesión y medios de control. Se dice que entre poderes económicos iguales el derecho sería observado incluso sin ningún sistema de coacción, ya que el mútuo interés entre las partes bastaría para garantizar el cumplimiento de los acuerdos; pero, pierde eficacia entre fuerzas económicas diferentes, pues, los desniveles, al parecer, de potencial económico acusados pueden impedir el libre comercio jurídico. Los fenómenos económicos presionan sobre el derecho, lo deforman y hasta en algunos casos lo anulan (Carlos Otero Díaz, op. cit., p. 85).

Arturo de la Cueva (Justicia, derecho y tributación, México, Porrúa, 1989), expone su posición en torno de la justicia económica, haciendo ver que se requiere una conciencia social, comprensión y aceptación de la responsabilidad social que concierne a cada miembro de la comunidad, ya que la falta de ello hace que los grupos y los individuos particulares sean un obstáculo para la realización de la justicia económica. Propone cambios estructurales, normativos y operativos, según la problemática de cada país y sus circunstancias, para intentar una economía mixta que combine la propiedad privada y la pública, que permita la participación política y económica de todos, sin inhibir el desarrollo necesario, y también, elevar el ingreso redistribuyendo la riqueza de manera justa. Para él, la justicia social (económica) “no es sino la justicia compensatoria general que busca eliminar los desequilibrios económicos de la comunidad humana” (Arturo de la Cueva, op. cit., p. 263).

Un enfoque más liberal –y similar al de Mises-, es el que expone críticamente Hazlitt: “la tendencia de un sistema de libre competencia es dar a cada uno aquello que crea”, con su trabajo, su capital o su gestión de servicios. Pero, aclara que “este principio de la distribución representa una tendencia dentro del libre mercado; no debe pensarse que en todos los casos reciban exactamente el valor de lo que produjeron o contribuyeron a producir. Y el valor que reciben es el que aportaron, es el valor en el mercado”. Es un sistema ante el cual, a pesar de sus insuficiencias para lograr una “justicia perfecta”, no ha sido posible concebir algo mejor que ese. Aunque, hace notar Hazlitt que “se piensa, por lo general, que se trata de un sistema ‘injusto’ porque, desde tiempo inmemorial, el ideal irreflexivo de ‘justicia social’ ha sido una absoluta igualdad de ingresos”. Pero, la justicia “no es solo un fin en sí misma, no es un ideal que pueda aislarse de sus consecuencias; si bien está reconocida como un bien intermedio, la justicia es primordialmente un medio; ella consiste en las disposiciones y normas sociales que mejor conducen a la cooperación social, lo que significa dentro del campo económico, las que mejor conduce a maximizar la producción”. La justicia de esto se halla en su efectividad, bienestar y eficiencia a largo plazo y de manera general. Agrega Hazlitt que un sistema intermedio, es decir, uno como el de libre mercado combinado con la igualdad de ingresos y otros beneficios de “justicia social”, talvez remediara algunas injusticias, pero lo conseguiría al precio de crear muchas otras. (Todas las citas de este párrafo son de Henry Hazlitt, Los Fundamentos de la Moral, Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 1979, pp. 491-493).

La justicia y los valores
La justicia es un valor, y se dice que se pueden relacionar los valores con los objetos del mundo del ser. Entonces, el valor de la justicia se relaciona con los objetos de los que trata sean las personas y sus derechos, sus bienes y sus relaciones con los mismos, su dignidad y su libertad, las leyes y los procedimientos, entre otras cosas. Generalmente, también se admite que los valores son parte de los objetos culturales, son cualidades de los objetos reales, con la característica de que se realizan al relacionarse con los mismos. Tienen una polaridad positiva y otra negativa, contraria a la primera. Además, se dice que son objetivos o que son subjetivos. La aparente contradicción de tales oposiciones se supera separando los valores en fundamentales o no, ya que, en realidad, existe la posibilidad de establecer una jerarquía entre ellos.

Los valores relativos a la esencia de lo que es el hombre y a la protección de su vida, serían –entonces- fundamentales. Y partiendo de una ética objetiva los mismos serían objetivos. Los otros valores, los que son cualidades estéticas o sensibles, bien podrían ser subjetivos. Lo importante, es la relación que surge cuando un valor se le adjudica como cualidad inherente o no a un objeto. Hazlitt lo plantea así: “el valor individual y subjetivo en su origen se transforma en social y, en este sentido, es objetivo. Esto es verdad tanto de los valores económicos cuanto de los morales” (Hazzlitt, op. cit., p. 267), y por ello pensamos que así se “realizan” los valores, lo cual no quiere decir que cobren existencia en ese momento, porque ellos ya existen, pero son valiosos cuando están ligados al hombre o a otro objeto o cosa real. La expresión, manifestación y aplicación de la justicia en la sociedad está vinculada al hombre real, viviente y sensible, y por ello es un valor valioso y objetivo.

Sobre la participación y representación: en la sociedad y las organizaciones 10

Sobre la participación y representación: en la sociedad y las organizaciones 10
Francisco Martínez Alas (2011)

Métodos para consultas.- Según los objetivos o propósitos de la consulta, el tiempo de que se dispone para efectuarla, la cantidad y tipo de personas que se van a consultar y, en general, de los recursos de que se disponga para el proceso, así se escogerán y adaptarán los métodos y los instrumentos a usar en el proceso de consulta.

Luego viene el problema de quien o quienes pueden realizar la consulta en una organización. La consulta se puede realizar con personal de la organización, mediante un equipo conformado para tal propósito en el que se combine la posición cercana y actuante en las distintas unidades, con la formación y experiencia directiva y ejecutiva de otros actores. Ello tiene la ventaja de que todos los realizadores están inmersos en la situación y la consulta se conduce como una operación interna. También se puede contratar a una empresa o a un consultor externo especializados en tal tipo de procesos, y ello tiene la ventaja de que así se obtiene la visión desde afuera de la situación. Ambos puntos de vista poseen sus respectivas ventajas y desventajas, y en la mayoría de los casos, ambas visiones e interpretaciones se pueden combinar. Por ello mismo, en algunas circunstancias, convendría manejar la consulta como un proyecto en el que participen, como equipo, personas del interior de la organización y consultores, observadores o especialistas desde el exterior de la organización.

Existe abundante literatura especializada y estudios de caso publicados acerca de métodos y técnicas de investigación cuantitava y cualitativa que se pueden aplicar al interior de las organizaciones, así como de los procesos de diálogo y deliberación, el uso de entrevistas, y de otros procedimientos para hacer historia oral. Todos ellos se valen de diversos instrumentos de captura de datos, información, opiniones y propuestas, reclamos y apelaciones, justificaciones y excusas, y cualquier otra información que almacenada, ordenada, procesada y relacionada contribuirá al proceso de consulta. También, en algunos métodos se puede o se requiere el uso de ciertas tecnologias que servirán para registrar imágenes, videos, voces, sonidos, evidencia física y otros, además de datos cuantitativos, o codificaciones cualitativas de textos y discursos.

Para exponer el asunto de los métodos utilizados para efectuar consultas a personas, voy a usar tres enfoques diferentes. En primer lugar, mencionaré la consulta que se lleva a cabo conversando con y entrevistando a individuos, es decir, a varias personas en una reunión o asamblea, o a cada persona de la organización en particular, no tanto en función del lugar que ocupan en ella, sino como informantes interesados y conocedores del objeto, decisión o procedimiento que se está sometiendo a consulta. En cualquiera de esos dos casos, a las personas conviene proporcionarles información previa de manera escrita mediante algún impreso, o el envío de mensajes por medios electrónicos, o publicar un sitio en una red de comunicación por computadora o internet; o también, hacer una presentación y mostrársela a todo un grupo, o darle una breve y exacta explicación a cada quien en el momento de la entrevista, y contestar adecuadamente a todas las dudas y preguntas que la persona tenga y haga. De hecho según el caso y la clase de personas u ocupaciones con quienes se esté trabajando, unos medios serán más o menos efectivos que otros para el propósito, y lo cierto es que los distintos medios son o pueden llegar a ser complementarios. Si bien existe el riesgo de que un texto escrito no sea leído, y se archive o se deseche, éste es más perdurable, queda como evidencia del proceso y por ello se puede volver a revisar en cualquier momento; además el escrito permite elaborar los datos y argumentos que contiene con mayor exactitud, pertinencia y profundidad, y la información publicada en línea se puede modificar y actualizar cada vez que convenga. Por otra parte, si se realiza la consulta de manera individual, es decir cuando un agente o un equipo de evaluadores, consultores o promotores visitan puesto por puesto en las oficinas y plantas, a los empleados de la organización, se tienen dos opciones básicas para realizar la consulta: se puede hacer por escrito mediante un formulario de encuesta –con preguntas abiertas y cerradas combinadas, que llenará el promotor o el empleado enfrente suyo o para entregar después-; y también de manera oral, mediante una entrevista que además de las preguntas claves e indispensable posibilita introducir u obtener, a la manera de una conversación o diálogo, otras informaciones y opiniones útiles.

En segundo lugar voy a referirme a las consultas efectuadas colectivamente a grupos de diversa extensión. Para la segmentación de lo grupos se pueden utilizar los siguientes criterios: todos o parte de los empleados de una misma unidad organizacional; el personal de una ubicación espacial, ya sea el de un piso, ala o planta; o bien, seleccionarlos en base a alguna otra característica común o distintiva –relevante para el objetivo de la consulta- del resto del personal.

Una vez reunido el grupo en un local adecuado para efectuar la sesión de consulta, se debe presentar a la audiencia la agenda con los asuntos a tratar y el orden correspondiente de los mismos (y en muchos casos conviene entregar a cada participante una copia), así como los motivos que justifican y los objetivos que se pretende alcanzar, mediante la reunión que se está efectuando.

Si el grupo no es demasiado grande, y solo existe un asunto sobre el cual decidir (o son muy pocos y están muy relacionados e interdependientes) o del cual obtener respuesta o retroalimentación de algo que ya ha sido discutido en otras reuniones o con cada persona en particular de los que están presentes en la reunión, se puede ir preguntando a cada uno de ellos de manera oral, y cada persona responde o debe responder breve y explícitamente enfrente de todo el grupo y expresar su opinión o declarar su decisión. En cuanto al orden según el cual se le irá preguntando a cada persona, existen dos modalidades; una de ellas es hacerlo según el orden en el que los asistentes están sentados o dispuestos en la sala; o en cambio, se les va llamando en voz alta, uno a uno, conforme a una lista de registro de asistentes, en la cual los nombres puede estar en orden alfabético o haber sido anotados en el acto conforme fueron llegando a la reunión.

También se puede plantear la pregunta en voz alta, y pedir a los asistentes que alcen la mano si están de acuerdo en algo que se propone, y en tal caso es preciso disponer de un procedimiento para contar con exactitud la cantidad de brazos alzados en apoyo a una opción que se les plantea. Este método solo sirve para el tipo de consultas en las que se puede o se requiere obtener respuestas tales como un “sí” o un “no”, es decir, una aprobación o desaprobación de una moción o de una opción propuesta al grupo; y del mismo modo, cuando el grupo al que se está consultando no es muy numeroso (es decir, hasta un máximo de cien personas más o menos). Como alternativa en estos casos se puede recurrir a cierto aparato electrónico, del cual cada uno de los asistentes tiene en sus manos un ejemplar, y en el cual basta presionar un botón para elegir una de las opciones que se le han presentado o votar a favor o en contra de algo.

Terminada la etapa de votación, entendiendo que ya se ha registrado fiel y exactamente -por cualquier medio disponible y adecuado- la cantidad de votos obtenidos en cada opción presentada, o la cantidad de aprobaciones o desaprobaciones, de afirmaciones o negaciones, de apoyos o rechazos, se procede a la etapa de tabulación de los resultados. Sin duda alguna, las opciones que obtienen más votos son las preferidas por la mayoría, y aunque se elija una sola de ellas (normalmente la que ha obtenido más votos a favor), todas las que le siguen, siempre que hayan obtenido gran porción de los votos válidos, han de ser tomadas en consideración en las opciones y decisiones subsecuentes al proceso. En algunos casos bastará con elegir el punto que obtiene más votos a favor, aunque no sea la mayoría de todos los votos, pero, en otras circunstancias es preciso obtener al menos la mitad más una unidad, y en otros un porcentaje mucho mayor, superior al setenta y cinco o al ochenta por ciento, por ejemplo. Ello dependerá de las reglas que se hayan establecido para realizar la consulta.

Pero, hay que diferenciar entre el registro numérico de votaciones, el cual constituye un conjunto estructurado o una base de datos cuantitativa de las mismas, de un posible registro de las opiniones, respuestas, observaciones, comentarios y discursos, el cual puede conformar una base de datos de textos, o bien, un archivo organizado de documentos y testimonios. En cuanto al primer tipo de registro, bastará con tener un sistema de cálculo e información, en el cual se pueda realizar cuadros, tablas, tabulaciones y generar gráficos, en los que se puedan apreciar las escalas y los porcentajes de los resultados, y al mismo tiempo realizar calculos predictivos y comparativos, examinar tendencias o variaciones en el tiempo, o construir escenarios de probabilidades, es decir, todas las posibilidades que el cálculo y las estadísticas proporcionan. El segundo tipo de registro, posee otras características, y a su vez, ofrece su propia gama de posibilidades de análisis, utilizando otra clase de herramientas para trabajar con textos. Por ello mismo, es necesario hacer algunas observaciones sobre la consulta de opiniones, puntos de vista y propuestas.

Consultarle a otros, o indagar por medio de entrevistas y grupos de discusión, lo que opinan, piensan, sienten, perciben o creen acerca de algo, requiere disponer de una herramienta, mecanismo o tecnología que permita capturar tales opiniones y comentarios de manera textual, de todos y cada uno de los participantes. Ello con el fin de poseer evidencia completa de lo que las personas han expresado durante el proceso de la consulta, para luego poder analizar, organizar, e interpretar sus opiniones, pero filtrando y excluyendo solo aquello que es realmente irrelevante para la situación en discusión.

En algunas circunstancias o procesos se requiere ir más allá de obtener una respuesta simple –aunque determinante– como el sí o el no, es decir, de solo hacer un recuento de cuantos están a favor o en contra respecto de una moción; sino que se quiere obtener –así como conocer y entender– el porqué y para qué de las decisiones que cada uno ha tomado, se logre o no el objetivo inicial o previsto; así como se persigue identificar y comprender las razones y motivos (o motivaciones) del acuerdo y del desacuerdo, del disenso y del consenso, y armar un punto de inflexión para continuar o reiniciar la negociación y el diálogo.

Respecto de las razones y los motivos que las personas tienen, o adoptan en ciertos casos, para apoyar o para rechazar algo, para colocarse en una posición ideológica o teórica, o para justificar lo que deciden o hacen, puede proponerse una clasificación, sin bien incompleta y convencional, pero que puede servir para intentar entender las razones que sustentan las posiciones y decisiones de los otros. La clasificación que propongo parte de dos afirmaciones: una, que las personas siempre quieren obtener algo, o bien, quieren evitar algo, cuando toman una posición o hacen una decisión. Aquello que persiguen obtener en gran parte para sí mismos como un beneficio material, o como una satisfacción moral y emocional. Pero, también las personas pueden estar interesadas en obtener algo para su grupo cercano, de aquellos con quienes se relaciona, con quienes trabaja, o a quienes considera sus iguales o pertenecientes a su mismo bando; y de manera similar, aquello que beneficie al espacio o los espacios físicos que considere su territorio, tanto en lo corporativo como en lo urbano. Pero, así como las personas buscan obtener una ventaja, ganancia o un beneficio directo con la decisión que toman o de aquello a lo que apoyan, también pueden expresar y sentir el anhelo de evitar que algo ocurra, sea porque les puede afectar negativamente, o porque las consecuencias futuras e inconvenientes de algunas acciones, una política o un procedimiento, irán en detrimento de sus intereses y personas. En tal caso, las personas se sienten aún más motivadas para participar, interesadas en debatir, y exigen ser parte de los procesos de decisión que los afecta, directa o indirectamente. En otro capítulo se tratará con más detalle acerca de las razones por las cuales las personas participan y lo que de ello se sigue.

No podemos ignorar que la solidaridad existe, y por ello, como una variante del interés en obtener algo para sí mismos, las personas tienen propensión a manifestar, individualmente y en grupos, y utilizando diversos medios de expresión y difusión, su posición al respecto, sea para reclamar o exigir, para denunciar y acusar, para sumarse y oponerse, para demostrar y exponer, para promover o para evitar, que algo le ocurra a otros, según la circunstancia; y es así como deciden participar y debatir en causas gremiales, corporativas, comunitarias, humanitarias, sociales o políticas, o conformarse con hacer activismo digital, por medio de las redes relacionales virtuales (llamadas ahora redes sociales).

Sobre la participación y representación: en la sociedad y las organizaciones 9

Sobre la participación y representación: en la sociedad y las organizaciones 9
Francisco Martínez Alas (2011)

C)Consultar a los miembros: Tal como decía en el apartado anterior, en situaciones y circunstancias específicas se hace necesario consultar a todos o la mayoría de los miembros de una organización directamente, no solo para recabar informaciones, sino también para alcanzar consensos.

¿Qué se consulta?.- La primera cuestión que surge cuando se habla de consultar a otros antes de tomar una decisión, implantar una disposición o establecer una política, es sobre qué es lo que se puede y conviene consultar y lo que no.

A partir de tal cuestión, entonces, se derivan dos consideraciones importantes. La primera de ellas se refiere a que debe darse por sentado que no todo se puede someter a consulta, o que hay decisiones para las que efectuar una consulta sería ineficaz e inneceseria, y con seguridad una pérdida de tiempo y un desperdicio de recursos. Para determinar si amerita hacer una consulta al interior de la organización, se debe partir, en primer lugar, de analizar si el proceso de consulta debe contar la participación de todos o de la mayoría calificada de miembros o empleados; o solo de los de un cierto nivel profesional o de autoridad en la jerarquía administrativa; o solo de quienes desempeñan una labor o realizan una actividad específica; o sino, exclusivamente con los pertenecientes a una o a algunas oficinas o unidades.

A continuación, se debe evaluar y valorar el objeto de la consulta. Los objetos típicos de una consulta al interior de una entidad tienen que ver con el hecho de realizar un cambio que afecta a la organización, algunos procesos, o una situación general o particular de los empleados o miembros de la misma; o, al contrario, de continuar medidas o políticas, condiciones de trabajo, estructuras, procedimientos y restricciones que se supone o se aprecia han sido efectivas y no se quieren desechar, o siguen siendo necesarias. Una vez determinado y evaluado el objeto de la consulta, es preciso conocer a qué tipo de decisión corresponde y mensurar lo que se persigue alcanzar con ella y mediante la consulta.

Se puede afirmar, que existen tres tipos básicos de decisiones en una organización: a) Las decisiones basadas en criterios y principios técnicos y científicos, aquellas que obedecen a razones necesarias, es decir, que las reglas y argumentos que las sustentan tienen que ver el comportamiento de la materia y la naturaleza de las cosas, con el funcionamiento correcto de las máquinas y la tecnología, con las constricciones y restricciones ineludibles, o con el saber hacer del especialista o experto; b) decisiones estratégicas, que responden a circunstancias contingentes (y hasta emergentes), consisten en planes, diseños y objetivos, y son el resultado del análisis, diagnóstico, evaluación, de factores y capacidades, de relaciones y entornos, y que si bien se llega a la conclusión de que son decisiones convenientes, están íntimamente relacionadas con la experiencia, voluntad, intuición e imaginación de los decisores y expertos que las toman; y c) decisiones operativas, que son las que se hacen y ejecutan por conveniencia de acuerdo con las rutinas funcionales y operativas que cada posición laboral exige, con la finalidad de lograr la eficacia y eficiencia de manera continua, el uso óptimo del tiempo y de los recursos de todo tipo, y son la consecuencia de un proceso de aprendizaje personal, organizacional y social en el que intervienen diversos factores y motivaciones.

Una organización tiene que jugar con las expectativas, necesidades, actitudes y voluntades de todos los actores, y con las oportunidades y constricciones de los factores internos y externos concomitantes, y en todo ello conjugar y concurir los tres tipos de decisiones, y según el enfoque de los decisores y la naturaleza del problema, la operación o los objetivos perseguidos en cada fase, proyecto, actividad o acontecimiento de la organización. Entonces, es útil preguntarse: ¿En cuáles decisiones la participación mediante una consulta general, realizada entre todos o la mayoría de los miembros de una organización, sí tiene valor, o resulta conveniente? En mi opinión, únicamente en las situaciones que requieren el concurso (y no necesariamente el consenso) e integración de opiniones y criterios técnicos pertinentes y relevantes, la retroalimentación de posibles impactos en el trabajo y en las vidas de los miembros (pero no tanto de sus meras voluntades), la investigación y el análisis de las circunstancias, y se debe discernir acerca de asuntos estratégicos que afectan o pueden afectar a todos los actores internos y externos a las organizaciones, desde los socios y empleados, hasta los clientes y proveedores, el medio ambiente, y la sociedad en general.

Una decisión tomada a privilegiadamente a favor de uno de los actores y en ventaja de solo uno de los factores, redundará negativamente en el desempeño de la organización y sus miembros, la elaboración de los productos y la prestación de servicios, y el clima de labores de la institución, y además será fuente de conflictos posteriores. Es por ello que se debe incorporar la dimensión de la participación y representación en el análisis y diagnóstico, diseño y planeación, discusión y negociación, decisión y evaluación dentro de la organización.
Del otro lado de la consulta, están las respuestas, opiniones y expectativas manifestadas por los consultados. Existen diversos factores que afectan la respuesta de las personas a la consulta que se les hace; entre ellas están las razones y motivaciones políticas, ideológicas o emotivas. No hay que olvidar que la respuesta de alguien en el momento mismo de la consulta será influenciada y modificada por sus circunstancias propias y por las circunstancias del entorno y la organización, tanto pasadas (y recordadas) como las presentes (y percibidas y no siempre comprendidas), y que la respuesta formulada o la posición expresada en un cierto momento, puede modificarse y hasta contraponerse después. Por ello, en cualquier proceso de consulta, además de obtener el sí o el no hacia algo, se debería preguntar el porqué, es decir, las razones en las cuales se basa su opción.

Lo ideal, es intentar obtener de todos o de la mayoría de los participantes en una consulta, una respuesta franca y sensata, así como razonada y explicada brevemente, ya sea que la persona consultada responda basándose en sus convicciones profundas, siguiendo tradiciones arraigadas, o mediante una argumentación que viene a ser el resultado de un sesudo proceso de investigación y reflexión. Pero, de cualquier manera, debe quedar constancia de qué es lo que motiva y fundamenta la respuesta y la aprobación o negación otorgada por la persona participante.

Sobre la participación y representación: en la sociedad y las organizaciones 8

Sobre la participación y representación: en la sociedad y las organizaciones 8
Por Francisco Martínez Alas. (2010+)

4 Participación representativa en grupos institucionales (cont.)

Voceros y relaciones con públicos.- Las organizaciones privadas y las instituciones públicas acostumbran seleccionar y nominar a una persona que actúa como vocero de la misma, o de algunas de sus autoridades, cuando se requiere hacer declaraciones públicas en ciertos eventos o publicarlas en medios impresos o en línea, y por supuesto, cuando surgen situaciones de crisis sean provocadas por causas internas o por factores externos. Quien desempeña el papel de vocero debe tener ciertas cualidades personales que transmitan, en conjunto, la imagen de la organización que representa, en sus gestos, palabras, actitud y apariencia, es decir, en las manifestaciones de la comunicación tanto verbal como no verbal; y reunir ciertas competencias que le permitan expresarse con perspicacia y seguridad ante los diversos públicos antes los que actúa y con quienes se enfrenta.

La persona que actúa como vocero puede desempeñar tal papel de manera permanente o eventual. Será eventual cuando, debido a la urgencia suscitada por una crisis, una autoridad de la organización está obligada a brindar algún tipo de declaraciones públicas ante ciertos grupos, tales como asociados, empleados, delegados de los medios de comunicación y otros; o cuando la aparición un personaje muy conocido y apreciado ante la opinión pública, demuestra algún tipo de adhesión que favorece la buena imagen de la compañía o el apoyo a una campaña específica; y también cuando lo que se busca comunicar a otros necesita ser expuesto y explicado por un técnico o un especialista, quien además puede responder con mejor criterio y fundamento las cuestiones que se le hagan.

Usualmente quienes desempeñan el papel de voceros permanentes son los encargados de las unidades de relaciones públicas en las organizaciones. En tales unidades se concretan los discursos y se estructuran las políticas de comunicación externa de las organizaciones, ya se trate de las relaciones usuales con los socios o miembros, los proveedores y algunos clientes especiales, autoridades del gobierno o contactos con medios de comunicación, y más aún en situaciones coyunturales o de crisis.

El discurso y las noticias que el vocero hace públicos representan y deben representar las voces, las ideas y las expectativas de los otros miembros de la organización, es decir, debe transmitir lo que los otros esperan que se diga de la organización, y hasta talvez de ellos mismos en su papel de actores de la misma. De ninguna manera el vocero va a expresar ante los visitantes, medios de comunicación y otros públicos externos su propia opinión poniéndola como la postura o explicación oficial de la organización para la cual trabaja. Lo que está obligado a comunicar es no solo la posición oficial de las autoridades de la organización ante algo, sino también informes y datos fehacientes incluidos en y extraídos de la documentación correspondiente. Por ello, las noticias y declaraciones que el vocero haga deben haber sido preparadas de antemano. Por un lado debe informarse por cuenta propia, y por otro contar con asistentes de investigación que se documentan acerca de lo que realmente ocurre al interior de la organización. Las oficinas de relaciones públicas, además de su papel integrador de varias funciones de comunicación con públicos internos y externos, las que son de diverso carácter y finalidad, deben contar una estrategia bien definida y con acciones concretas bien planificadas a desarrollar sucesiva y progresivamente. Posteriormente, tales acciones comunicativas y relacionales serán sometidas a evaluación y rectificación o ampliación, según convenga a los objetivos de la organización.

Por otro lado, para poder mencionar la estrategia de la que hablo, el personal de la unidad de relaciones públicas tiene que comenzar por investigar y diagnosticar la situación comunicacional, y también el estado de las políticas y de los procedimientos y procesos internos –de todo tipo, pero especialmente los que convellan un componente informativo, documental, comunicativo e interpersonal- de toda la organización. En tal diagnóstico, permanentemente, el papel de los informantes es crucial, y el vocero y su unidad de relaciones con públicos tiene el deber de escuchar sin juzgar y sin intentar encajar las opiniones de otros en moldes preconcebidos. Tiene que tener la habilidad de comprender lo que escucha en su contexto, y no solo de interpretar y sintetizar con la finalidad de acoplar la información al diseño de una política y estrategia de comunicación e imagen.

Una herramienta indispensable para la función de relaciones públicas es el mapeo de los públicos actuales, pasados y emergentes de la organización y en torno a ella. Por lo tanto debe existir un mapa de todos los públicos en todas sus dimensiones, relaciones y características, especialmente las de capacidades y poderes. Se debe saber qué se recibe y se puede llegar a obtener de cada actor y público, que se espera de ellos y cuáles son sus respectivas expectativas con relación a la organización. Para lograr tal cosa, se requiere de procesos constantes de retroalimentación desde los públicos que enriquecen la función de relaciones públicas y le aportan contenido, y en sentido inverso desde el vocero a toda la organización y los públicos (internos y externos), y especialmente los actores claves, con el fin de transmitir una visión e imagen coherente, pero al mismo tiempo crítica y realista, de la entidad. De esa manera, las relaciones con los miembros a los que se ha hecho referencia en este mismo apartado se constituyen como procesos participativos.

Por otra parte, para hacer participar de la vida de la organización a los públicos externos, existen cuatro mecanismos básicos: a) El establecimiento de oficinas de servicio al cliente en las oficinas centrales y en cada una de las sucursales de la organización, en las que las que personal competente y capacitado –apoyado por sistemas de gestión e informática apropiados- atiende las consultas, reclamos, necesidades y asuntos de los clientes que se acercan a aquella, y tienen que ver los servicios y productos que ofrece y presta la misma; b) los centros de atención telefónica, brindan la mayoría de servicios y soluciones que las anteriores oficinas de atención al cliente, con la provechosa diferencia que permite al cliente –y otros públicos y agentes interesados- llamar a la compañía desde su lugar de residencia o trabajo para hacer alguna gestión o para solicitar información; c) el acceso al sitio oficial de la organización en internet, significa para muchos clientes, proveedores y miembros, así como al público en general, una ventaja adicional, ya que constituye una ventana a la compañía y su estructura general, así como a todos sus productos y servicios, con la posibilidad de hacer interacción con la misma, ya que el sitio proporciona además de información clara y útil como la mencionada, formularios o datos sobre puntos y medios de contacto con los departamentos de la organización o algunos de sus agentes, permitiendo un intercambio de solicitudes y de expresión de opiniones con respecto a aquella, que pueden ser tomadas en cuenta y aplicadas a las políticas de relaciones públicas y mercadeo; y d) el envío y recepción de información y documentos, como impresos en una dirección física del cliente, proveedor o del miembro de la organización, o digitales en el sitio en internet, o por medio del correo electrónico, constituye un mecanismo de comunicación con tales personas y empresas, que tiende a hacerlos parte como receptores y audiencia, de los mensajes que se quiere y requiere transmitir.

B)La autoridad y sus asesores: Ya mencioné algo acerca de los asesores externos, en este apartado voy a tratar acerca de los asesores de los que ciertos gobernantes, funcionarios, empresarios y otras autoridades se rodean. A diferencia de los asesores, evaluadores, auditores o consultores externos, que trabajan para otras entidades u organizaciones, por mediación de un contrato. Ellos permanecen y visitan las organizaciones el tiempo y las ocasiones precisas para realizar diagnósticos, auditorías, evaluaciones, observaciones, inspecciones y entrevistas, conforme a las condiciones estipuladas en tal contrato. Pero, también, algunas personas y algunas organizaciones, cuentan o pueden llegar a contar con grupo de especialistas, asesores, o ejecutivos de confianza, que son miembros o empleados permanentes de la misma, y cuyo papel o rol de apoyo es el que se ha descrito en este mismo apartado con referencia a los asesores externos.

Un funcionario de gobierno, empresario o jefe empresarial necesita obtener datos específicos, o consejo de sus asesores legales, científicos, técnicos, éticos o políticos, sobre algún asunto que no domina completamente, o del que siente que necesita aclararlo más, o escuchar el punto de vista de un especialista, para complementar el suyo compararlo con el de otros, para evaluar el alcance e impacto de algunas de sus decisiones mediatas o inmediatas. Del mismo modo, cuando se trata de resolver una coyuntura o responder ante una crisis, o aprehender y comprender una situación nueva, o planear una estrategia de mejora, también se requiere de asistentes y asesores específicos y confiables a quienes consultar y escuchar, con quienes dialogar y compartir. Ese es el papel que han desempeñado los asesores o consejeros propios en las cortes y estados a lo largo de la historia, y que en las organizaciones actuales operan como altos ejecutivos de apoyo.

¿Cómo encaja la participación en este caso? La participación opera en dos sentidos: dentro del mismo equipo de asesores, y entre los asesores y los otros miembros de la organización. Cuando se tiene más de un asesor, y es muy probable que así sea, dada la naturaleza, variedad y complejidad de los asuntos sobre los que se puede requerir consejo; como por ejemplo, si se trata de asuntos jurídicos o de políticas gubernamentales, ambientales o éticos, tecnológicos o informáticos, comunicacionales o publicitarios, laborales o financieros, de seguridad y de todas las demás áreas y disciplinas que intervienen en la administración de organizaciones, entonces, se hace deseable y necesario que los consejos de varios especialistas se integren donde y cuando convenga. Como un problema o decisión puede requerir ser tratado desde distintos puntos de vista y analizado conforme a la naturaleza de sus aspectos, el análisis, evaluación y dictamen del caso debe ser resultado de un procedimiento en el cual todo el equipo pertinente participa y comparte experiencias y opiniones, argumentos y datos, reflexiones y significados, dudas y restricciones posibles. No se trata de que un asesor, por simple jerarquía de autoridad o influencia, tenga dominio sobre los otros, y mucho menos sobre el resto del personal de la organización. Resultando así una relación entre el equipo de asesores entre sí que es dialogante, consultiva y participativa.

De tal manera que los asesores se constituyen como grupos de trabajo o de proyecto en los que la participacion y la representación, así como sus técnicas y métodos, se aprovecha para obtener mejores resultados, al compartir estratégicamente el equipo sus fuentes de información y conocimiento; del mismo modo que confluyen su formación académica y personal, su experiencia en situaciones previas similares o no, y la observación y comprensión de los entornos sociales, políticos, jurídicos y económicos, ya que todo eso crea criterios y provee insumos importantes para proporcionar recomendaciones bien fundamentadas; pero, además, tales opiniones y sugerencias deben provenir de la realidad misma de la organización en la cual se está trabajando. Por ello, el contacto y diálogo con los otros empleados o niveles de la jerarquía organizacional es un requisito ineludible para identificarse con ellos y aprehender otros puntos de vista del hacer organizacional cotidiano y conocer tal realidad al nivel de detalle buscado.